La banca, omnipresente en el sector inmobiliario

El sector inmobiliario español depende de decisiones bancarias. En realidad siempre ha sido así, sin la financiación necesaria para emprender las obras las empresas del ladrillo no podrían iniciar negocio alguno.

Pero ahora la banca no sólo financia o deja de financiar tal o cual promoción sino que participa en la elaboración de los planes estratégicos de las compañías, está presente en el accionariado de las mayores empresas del sector y decide qué empresa mantiene la actividad y cual no dependiendo de su voluntad de refinanciar o no la deuda de las inmobiliarias. Y además vende viviendas a través de nuevas filiales creadas para acoger la ingente cantidad de activos embargados tanto a particulares como a empresas en los tres últimos años.

Las dos mayores inmobiliarias españolas cotizadas, Metrovacesa y Colonial, están en manos de bancos nacionales y extranjeros. Seis bancos españoles, liderados por Santander y Barclays, son los primeros accionistas de Metrovacesa. En Colonial, tras la refinanciación anunciada el viernes, bancos nacionales y extranjeros tomarán aproximadamente el 90% del capital.

Los presidentes y consejeros delegados de Colonial y Metrovacesa son profesionales del sector inmobiliario o financiero designados por la banca. En el caso de Colonial tanto Juan José Brugera (presidente) como Pere Viñolas (consejero delegado) son cercanos a La Caixa, mientras que en Metrovacesa la carrera de su presidente, Vitalino Nafría, está ligada a BBVA y la designación de Eduardo Paraja como consejero delegado fue del gusto de Santander.

El futuro de la tercera mayor inmobiliaria cotizada, Reyal Urbis, depende también ahora de la banca. La compañía presidida por Rafael Santamaría debe cumplir un plan de venta de activos para que las entidades financieras sigan abriendo la puerta de sus despachos a la empresa. Reyal Urbis tiene una deuda cercana a los 4.500 millones; si la banca acreedora decide no refinanciar Reyal se convertirá en uno de los mayores concursos de acreedores vividos en España, tras el protagonizado por Martinsa Fadesa, que se declaró en concurso con una deuda aproximada de 7.000 millones.