El Govern catalán acuerda con los Comuns medidas clave para ampliar el parque de vivienda y prevenir desahucios

El Govern catalán ha alcanzado un acuerdo político con Catalunya en Comú que incorpora una serie de medidas destacadas en materia de vivienda, entre ellas la creación de una oficina antidesahucios, la ampliación del cuerpo de inspectores y una inversión total de 850 millones de euros destinados a ampliar y mejorar el parque residencial.

El pacto fue presentado por la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y la líder parlamentaria de los Comuns, Jéssica Albiach, tras varios días de negociación. Se enmarca dentro de la estrategia para desbloquear recursos económicos mediante dos suplementos de crédito, que permitirán a la Generalitat disponer de hasta 3.400 millones de euros. Con esta dotación, el Ejecutivo autonómico busca contrarrestar los efectos derivados de la prórroga presupuestaria vigente tras el fracaso en la aprobación de los presupuestos de 2025.

Del total disponible, 1.450 millones se destinarán a políticas de vivienda. Según Albiach, los fondos permitirán impulsar la construcción de vivienda pública, fomentar el alquiler social, promover iniciativas de vivienda cooperativa y avanzar en la rehabilitación del parque inmobiliario existente.

Una de las principales novedades del acuerdo es la creación de una unidad específica dedicada a la prevención y gestión de desahucios. Esta oficina comenzará a operar en septiembre y estará compuesta por al menos 50 profesionales. Entre sus funciones se incluyen el asesoramiento jurídico, el acompañamiento social y la mediación entre las partes afectadas, incluidos los órganos judiciales.

Asimismo, el Govern ampliará significativamente el cuerpo de inspección de vivienda. Antes del 30 de junio se incorporarán 60 nuevos inspectores, con el objetivo de alcanzar los 100 efectivos antes de que finalice el año. Este refuerzo permitirá mejorar el control sobre el cumplimiento de la Ley de Vivienda y agilizar la aplicación de sanciones ante eventuales infracciones.

En materia de igualdad, la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación de la Generalitat elaborará un informe específico para analizar el impacto del denominado "racismo inmobiliario" en el acceso a la vivienda, con el objetivo de visibilizar y combatir estas prácticas discriminatorias.

Cabe destacar que el acuerdo alcanzado con los Comuns no agota el conjunto de recursos previstos por el Govern. Permanecen en negociación otros 500 millones de euros que podrían incorporarse mediante un tercer suplemento de crédito, actualmente en fase de diálogo con los Comuns y Esquerra Republicana.