Las ‘golden visa’ ofrecían residencia a no residentes de la UE que cumplieran con alguna de las siguientes condiciones:
- Inversión Inmobiliaria: Adquisición de inmuebles con un valor superior a 500.000 euros.
- Inversión en Deuda Pública: Compra de títulos de deuda española por más de 2 millones de euros.
- Inversión en Acciones: Compra de acciones o participaciones en empresas españolas por más de 1 millón de euros.
- Fondos de Inversión y Depósitos Bancarios: Inversión superior a 1 millón de euros en fondos constituidos en España o en depósitos en entidades financieras nacionales.
- Proyectos Empresariales: Desarrollo de proyectos considerados de interés general por el Gobierno.
Impacto en el Mercado Inmobiliario y Financiero
Desde 2016, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha expedido alrededor de 11.000 visados de este tipo. A pesar de esta cifra, los expertos coinciden en que su eliminación tendrá un impacto limitado en el mercado residencial en España.
El programa había sido criticado por facilitar la especulación inmobiliaria y por favorecer a inversores extranjeros con alta capacidad adquisitiva, dejando de lado las necesidades del mercado local.
Repercusiones para Otros Sectores
Además del mercado inmobiliario, las ‘golden visa’ también promovían inversiones en deuda pública, acciones y fondos de inversión, así como el desarrollo de proyectos empresariales. La eliminación de este programa podría reducir la atracción de capital extranjero en algunos de estos sectores, aunque las condiciones económicas actuales y la normativa europea pueden mitigar este efecto.
Un Debate Abierto
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez ha generado opiniones divididas. Mientras algunos celebran la medida como un paso hacia un mercado inmobiliario más accesible y justo, otros critican la posible pérdida de competitividad frente a otros países de la UE que mantienen programas similares.
¿Y Ahora Qué?
La eliminación de las ‘golden visa’ representa un cambio significativo en la política de atracción de inversores en España. Aunque el impacto directo en el corto plazo parece ser limitado, las implicaciones a largo plazo dependerán de las medidas que el Gobierno implemente para fomentar inversiones extranjeras de otro tipo.
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